Illa defiende la actuación “rápida” en el escándalo de las adjudicaciones de plazas docentes

En cuestión de dos semanas, Salvador Illa cumplirá un año al frente de la presidencia de la Generalitat de Catalunya. Y aunque la última sesión de control al jefe del ejecutivo catalán en el Parlament de este periodo de sesiones ha tenido un componente de balance sobre el curso político, la polémica generada por la paralización del proceso de adjudicaciones de plazas de profesores para el 2025/2026 y sus derivadas han predominado el debate parlamentario.

Un día después de la comparecencia de la consellera de Educació, Esther Niubó, en la que anunció la destitución del subdirector general de Plantillas, Provisión y Nóminas, Enric Trens, Illa ha hecho frente a las peticiones de distintos grupos de asumir “más responsabilidades políticas” por el escándalo que ha afectado a 57.000 personas, siendo Esquerra Republicana uno de los más vehementes en esta línea. El president ha asegurado que ni él ni su Govern “se escudan” de dichas responsabilidades y ha subrayado que las asumen “todas”.

En este sentido, el socialista ha defendido que se ha actuado “con rapidez” y ha querido dejar claro que el inicio de curso “no se verá afectado” y está “garantizado”. Salvador Illa ha expuesto que, una vez se vio que “no se habían seguido las instrucciones acordadas”, se “corrigió en tres días, se detectó de dónde venía el error y se relevó al responsable de este proceso”. Al mismo tiempo, ha recordado que se ha abierto un expediente y que, en función de lo que se sepa a partir de este, asumirán más responsabilidades si se descubriera que el caso va “más allá”.

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Precisamente han sido los socios que permitieron su investidura, Esquerra Republicana y Comuns, quienes le han dado un toque de atención por este caso. El republicano Josep Maria Jové ha lamentado que al Govern “le cuesta aceptar errores y hacer propósito de enmienda” y ha calificado de “espectáculo indigno” el “despropósito” de este proceso de adjudicación de plazas.

Jové ha reprochado al president que se haya “señalado públicamente a un técnico” y que haya “estigmatizado la función pública”. Para los republicanos, cuesta creer que un proceso de esta magnitud “solo haya recaído en una persona”, por lo que han instado a “asumir todas las responsabilidades y dejar de escudarse en los técnicos” hasta el punto de que “los ceses tengan que llegar hasta donde tengan que llegar”.

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David Cid, de Comuns, ha pedido al Executiu que ponga fin al decreto de plantillas y ha alertado que, aunque se ha vuelto a proceder a la adjudicación de plazas, “aún hay docentes que se quejan”. Por ello, ha deseado que el curso empiece “cuando y como toca”.

Por su parte, Junts ha aludido a lo ocurrido en Educació para sumarlo a una lista de hechos que, a su juicio, demuestran que en un año “este Govern no va, no funciona”. El presidente del grupo de los posconvergentes en la Cámara catalana, Albert Batet, ha sostenido que el Executiu de Illa es un “desgobierno” por el “colapso en infraestructuras, la crisis diaria en Rodalies, la falta de presupuestos o la incapacidad para aprobar varios decretos”. “Está sin mayoría, sin estabilidad y con total dependencia al PSOE; aproveche este verano para reflexionar”, le ha espetado Batet al president.

Vox también ha hecho balance del primer año del Govern del PSC, al que ha acusado de ser una “estafa política” por dejar una Catalunya “más pobre, más insegura y más irreconocible”. Aún sobre los Comuns, David Cid ha hecho un paralelismo con las notas educativas y ha indicado que el Executiu “necesita mejorar” porque tiene “deberes pendientes en Rodalies, vivienda, renovables y educación”.

Ante estas palabras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha admitido que “queda mucho por hacer”, pero se ha mostrado “razonablemente satisfecho” con lo logrado hasta la fecha. Illa cree que se está avanzando en la prioridad de la “prosperidad compartida”, con tasas de crecimiento por encima de la media europea y ha destacado proyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat, el inicio de traspaso de Rodalies, acuerdos para acelerar las renovables o el “plan ambicioso” para impulsar 50.000 viviendas.

Por otro lado, en esta ocasión, quizá el choque más sonado ha sido con el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández. El popular ha criticado el reconocimiento de la comisaría de Via Laietana como espacio de memoria democrática y ha acusado a los socialistas de “humillar” a los policías por ello. Según Fernández, esta distinción “responde a un chantaje especialmente inmoral” y ha señalado que con ella se quiere enmarcar a la Policía Nacional como “símbolo de la represión franquista”. “Los edificios no torturan, lo hacen las personas y los actuales policías no tienen la culpa de las tropelías que se cometieron hace 50 o 60 años”, ha añadido.

Sobre esta cuestión, el president ha apuntado que el planteamiento del PP es “divisivo” y que “no hacen ningún favor a los cuerpos de seguridad intentando patrimonializarlos”. Illa no ve “ningún problema” en que la comisaría sea reconocida como espacio de memoria democrática: “Antes ahí la policía torturaba, ahora no lo hace, es democrática y mérito de todos”.